Durante la ejecución de un contrato público pueden producirse situaciones que originen una solicitud de ampliación del plazo contractual. Cuando surge una discrepancia entre la entidad contratante y el contratista respecto de esta materia, puede generarse una controversia susceptible de ser sometida a los mecanismos de solución previstos por la legislación de contratación pública.
La Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, incluye expresamente la ampliación de plazo contractual entre las controversias que pueden someterse a conciliación.
Que una controversia sobre ampliación de plazo sea conciliable no significa que toda solicitud de ampliación deba ser aceptada.
Primero existe una cuestión propia de la ejecución contractual y de las reglas que determinan cuándo corresponde una ampliación. Si posteriormente surge una controversia susceptible de conciliación, las partes pueden evaluar este mecanismo dentro de los límites establecidos por la normativa.
El conciliador no tiene facultad para conceder unilateralmente días adicionales al contratista ni para ordenar a la entidad que apruebe una ampliación.
Ejemplo hipotético: durante la ejecución de un contrato, un contratista considera que se produjo una circunstancia que justifica una ampliación del plazo y presenta la solicitud correspondiente.
Posteriormente surge una controversia entre el contratista y la entidad respecto de la ampliación.
Si el régimen aplicable permite someter esa controversia a conciliación y se cumplen las condiciones correspondientes, las partes pueden intentar alcanzar una solución consensuada.
El contratista expondrá las razones de su posición y la entidad podrá plantear las suyas. El conciliador facilitará la comunicación, pero no decide cuántos días corresponden ni sustituye las competencias que la normativa asigna a las partes y autoridades correspondientes.
En este tipo de asuntos pueden existir documentos contractuales, solicitudes, comunicaciones, pronunciamientos y otros elementos relacionados con los hechos que originaron la controversia.
Sin embargo, no es correcto convertir automáticamente cada uno de esos documentos en un “requisito obligatorio” de toda solicitud de conciliación.
Para la conciliación deben presentarse los documentos relacionados con el conflicto que correspondan al caso concreto, además de cumplirse los requisitos generales establecidos por la normativa aplicable.
En contratación pública existen plazos de caducidad relacionados con los mecanismos de solución de controversias.
Por ello, una empresa que mantiene una discrepancia sobre una ampliación de plazo no debería asumir que puede esperar indefinidamente para decidir qué mecanismo utilizar.
Debe identificarse la fecha relevante, la controversia concreta y el régimen jurídico aplicable al contrato para determinar el plazo correspondiente.
Un contrato celebrado o convocado bajo un régimen anterior puede continuar sujeto a las normas que correspondan según las disposiciones transitorias aplicables.
Por ello, encontrar en internet una regla sobre ampliación de plazo de la antigua Ley N.º 30225 no significa que esa regla sea automáticamente aplicable a una contratación sometida a la Ley N.º 32069, ni viceversa.
La primera pregunta jurídica debe ser siempre: ¿qué régimen normativo gobierna este contrato?
El Centro de Conciliación Extrajudicial en Cusco Progreso brinda atención presencial y virtual.
Ante una controversia sobre ampliación del plazo contractual, resulta importante identificar correctamente la pretensión y revisar el régimen aplicable antes de presentar una solicitud.
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